Las jornadas fueron realizadas por la encargada del
área de Reinserción Social adulto del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, quien explicó los alcances de este procedimiento a internos
bolivianos, peruanos, ecuatorianos, brasileños, entre otros.
Con el objetivo de informar sobre las solicitudes de traslado
de personas condenadas a su país de origen en el marco de la Convención Interamericana
para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, se realizaron tres
jornadas de charlas de difusión a cerca de 70 internos e internas extranjeras
del Centro de Cumplimiento Penitenciario Concesionado de Antofagasta y el
Centro Penitenciario Femenino, respectivamente.
Esta es una herramienta impulsada por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos para fortalecer la reinserción social y corresponde
a un procedimiento voluntario por parte del interno o interna para continuar en
su país de origen con el cumplimiento de su condena.
Al respecto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos,
Marcelo Encina explicó que “para nosotros desde el aspecto de la reinserción social
de las personas condenadas resulta fundamental que las personas puedan tener
una cercanía con sus familiares, por lo que resulta ser muy complejo porque sus
familiares se encuentran lejos, entonces esta herramienta que da la posibilidad
a una persona que está condenada, permite que parte del cumplimiento de su
condena y lo hagan en su país de origen. Esto es contribuir en un mejor proceso
de reinserción social y es el objetivo final que tiene una sanción penal”.
Las jornadas fueron realizadas por la encargada del área
de Reinserción Social adulto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la
abogada Rosa Soto, quien explicó los alcances de este procedimiento a internos
bolivianos, peruanos, ecuatorianos, brasileños, entre otros. En esta materia,
destacó que a nivel nacional a la fecha se han realizado 91 traslados a otros
países.
En este contexto, Soto indicó que “hay que aclarar que la
persona no queda libre, sino que serán trasladadas a su lugar de origen para
cumplir con lo que le resta de condena, tal y cual fue dictada por el país
sentenciador, con el fin de mejorar la reinserción social que tendrá la
persona”. Agregando que “es importante rescatar la voluntariedad de la
solicitud. Y esto da la posibilidad que una persona regresa a su país por
voluntad propia de la persona, la cual dirige el impulso de todo el
procedimiento, porque si hay desistimiento, el proceso no sigue adelante”.
Cabe de destacar que el traslado no se otorga de manera automática,
al decidir respecto de la solicitud de cambio cada Estado tendrá en cuenta la
probabilidad de que su traslado contribuirá a su reinserción social,
considerando elementos tales como la índole y gravedad del delito; sus
antecedentes penales, si los tuviere; su condición de salud, edad y los
vínculos por residencia, presencia en el territorio, relaciones familiares u
otros motivos que pueda tener con la vida social del país de origen.
Dentro del plan de difusión, también se realizó una
exposición en el marco de la Comisión Seguimiento Justicia Penal, instancia
compuesta por el Ministerio Publico, Policía de Investigaciones, Carabineros de
Chile, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, Corte de Apelaciones,
para informar a los representantes de esta herramienta y difundirla en las
instancias pertinentes con la población privada de libertad en la región.
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