Dentro de la temática de inclusión y accesibilidad,
la Corporación y el Senadis tienen vigente un convenio para atención jurídica
para personas en situación de discapacidad. Durante este 2016, se han atendido
en la región cerca de 200 personas y 450 en las distintas unidades del
servicio.
Como un importante avance para garantizar el acceso a la
Justicia para todas las personas fue considerado el Taller de Lengua de Señas que
finalizaron 22 funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de Antofagasta
que tuvo como objetivo obtener herramientas lingüísticas, para mantener la
comunicación con personas con discapacidad auditiva tanto en el proceso de
cualquier consulta o judicialización de un caso y así atender las necesidades
de acceso a la información y comunicación.
La ceremonia de certificación estuvo encabezada por el
seremi de Justicia y Derechos Humanos, Marcelo Encina; la directora general de
la Corporación de Asistencia Judicial Tarapacá – Antofagasta, Carolina
Fernández; la directora regional de la Corporación de Asistencia Judicial de
Antofagasta, Claudia González y la directora regional de Senadis, María Inés
Verdugo.
La asistente social del Consultorio Jurídico de la CAJTA,
Anamaría Durán indicó que “esta experiencia fue muy bonita, porque aprendimos
el lenguaje de señas que nos va a permitir tener una herramienta más para poder
atender mejor a personas con discapacidad auditiva. A raíz de esto, tuvimos una
experiencia en nuestro Consultorio porque llegó una persona con esta
discapacidad para divorciarse y que gracias a este taller, pudimos atenderla y
comunicarnos con lenguaje de señas. Ella pudo ingresar para hacer su trámite de
divorcio con abogado y esperamos que nuestra atención haya sido eficiente”.
Al respecto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos,
Marcelo Encina indicó que “esto significa un avance importante para nuestra
región en materia de inclusión, y es primera vez que se impulsa una iniciativa
de estas características para un servicio público que permitirá la
accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva y así facilitar su
acceso a la oferta pública de nuestro sector. Estamos muy contentos y
agradecemos los recursos aprobados, que refuerzan y fortalecen el justo e igual
acceso a la Justicia para todos”.
Mientras que la directora general de la Corporación de
Asistencia Judicial Tarapacá y Antofagasta, Carolina Fernández expresó: “no
podemos hablar de acceso a la Justicia sin pensar en inclusión, por lo que esto
nos permite realmente dar a conocer nuestro servicio y nuestro ejercicio,
atender a personas con discapacidad auditiva y así nos forma una nueva
competencia en lugares que no hemos estado y apoyarlos en los juicios, porque
lo importante es que conozca lo judicial y además, que sepa comunicarse con
ellos”.
En este taller, que se inició en el mes de abril y fue ejecutado
por la Corporación Wenüi, participaron abogados, asistentes sociales,
encargados de OIRS, administrativos, psicólogos de la CAJ Antofagasta. Con
esto, se logrará mejorar la atención como servicio del Estado y apoyar a la
superación de las barreras de las personas en situación de discapacidad de
origen auditivo y mejorar su acceso a la justicia y la igualdad ante la ley.
Al respecto, Víctor Zárate, relator del Taller e
integrante de la Corporación Wenüi señaló que “me gusta mucho que se den estas
instancias para poder enseñar lengua de señas porque necesitamos accesibilidad,
porque hay muy poca, sobre todo, en los servicios públicos. Los funcionarios se
motivaron con este taller, asistieron y pudieron certificar sus competencias y
eso es un primer paso para avanzar en esta temática”.
Esta iniciativa fue impulsada por la Secretaría Regional
Ministerial de Justicia y Derechos Humanos y la Corporación de Asistencia
Judicial Antofagasta y financiada a través de un Fondo Nacional de Desarrollo
Regional 2% Seguridad Ciudadana y de Carácter Social y de Rehabilitación de
Drogas, recursos aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta.
Cabe señalar que la Corporación de Asistencia Judicial de
Antofagasta tiene como misión brindar atención jurídica y asesoría, social y/o
psicológica gratuita a personas de escasos recursos que no pueden pagar una
atención particular y realizar actividades de difusión de derechos y deberes,
informando a la comunidad urbana y rural sobre diversas materias de interés
ciudadano.
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