La iniciativa contempla el
endurecimiento de las penas para quienes cometan delitos contra las personas,
como hurtos, robos y asaltos, en particular para los reincidentes.
El proyecto pretende revertir la
tendencia al alza de la victimización, reducir los delitos violentos en la vía
pública y aumentar las detenciones, lo que en palabras de la Presidenta
Michelle Bachelet, “interpreta fielmente un profundo sentir ciudadano, que por
fin los delitos no queden impunes frente a la justicia (…) castigo efectivo:
eso es lo que busca la ley”.
En su intervención, la Mandataria
agregó que “este proyecto refuerza las atribuciones de las policías para
investigar y entregar pruebas a los tribunales y de los fiscales para
perseverar en las causas hasta encontrar y condenar a los culpables de estos
actos ilícitos. Esto es aumentar la capacidad disuasiva de nuestro sistema
penal. O sea, los delincuentes tendrán que pensarlo muy bien antes de cometer
un robo”.
Por su parte, el ministro de
Justicia, José Antonio Gómez, valoró la iniciativa, expresando que “lo que ha
hecho la presidenta hoy día es pegarle al corazón de la delincuencia. Es un
proyecto de ley que va al corazón de los delitos de mayor connotación social,
los que más afectan a las familias, los asaltos, los robos en las casas, los
asaltos violentos, por lo tanto lo que hemos hecho es fijar un marco para que
los jueces puedan aplicar una pena que sea efectiva de cárcel a los que son
reincidentes. El que es un delincuente habitual va a quedar en la cárcel, no va
a poder ocupar mecanismos de salida como lo que hoy día sucede. Esto de que
entran y salen con esta norma se tranca definitivamente”.
Gómez reiteró la preocupación del
gobierno por las víctimas de la delincuencia, precisando que “es un tema que
siente la gente, indefensión cuando no tiene quien la atienda, en este caso
vamos a establecer un fortalecimiento de la atención con abogados, para
aquellos que son objeto de delitos, por lo tanto estamos hablando de una mirada
global del tema delincuencia y no de una agenda pequeña o de una ley en
particular”.
Finalmente, el ministro de
Justicia destacó a nivel del sistema penitenciario, “la construcción de más de
10 mil nuevas plazas, vamos a aumentar el número de gendarmes y vamos a enviar
un proyecto de ley que va a permitir un proceso de rehabilitación y
reinserción”.
Además del proyecto de Ley que
sanciona con penas efectivas delitos de alta connotación social, la Agenda
Antidelincuencia considera un plan para concentrar la acción policial en 16
puntos de la Región Metropolitana que presentan alta frecuencia de delitos;
operativos en barrios críticos y vulnerables; la puesta en marcha del Plan
Microtráfico Cero; el Banco Unificado de Datos (BUD); y el Fortalecimiento del
Ministerio Público a través de una indicación sustitutiva al proyecto de Ley
que Fortalece el Ministerio Público, firmada por la Presidenta de la República
el pasado 30 de diciembre.
En la presentación de la Agenda
Antidelincuencia participaron también el ministro de Interior y Seguridad
Pública, Rodrigo Peñailillo, y de Hacienda, Alberto Arenas, además de otras
autoridades gubernamentales, parlamentarias, comunales y de organismos
relacionados con la lucha contra la delincuencia y la ejecución penal.
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